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ENTREVISTA. JUAN CARLOS MONCKEBERG, superintendente de Medioambiente: 
 
"Multas medioambientales podrán alcanzar hasta US$10 millones" 
 
Evelyn Campos Rivera 
 
El próximo 28 de diciembre entrarán en funcionamiento los tribunales ambientales, y con ello se espera que se activen todas las competencias de la Superintendencia de Medio Ambiente que han estado dormidas desde su creación, entre ellas las de fiscalizar y sancionar.

En este contexto, el superintendente de Medioambiente, Juan Carlos Monckeberg, está realizando visitas por diferentes capitales regionales, con el fin de afinar los últimos detalles con las instituciones vinculadas a la tarea de fiscalizar en materia ambiental.

Entran en funcionamiento los tribunales ambientales este 28 de diciembre. ¿Cuál va a ser su principal función?

-La función de los tribunales, es un órgano de control respecto de las actuaciones de la superintendencia, o sea cada una de nuestras actuaciones, resoluciones o sanciones pueden ser reclamadas en el tribunal ambiental.

¿Cómo se van a llevar a cabo las fiscalizaciones en todo el territorio nacional?

-Hay que entender la superintendencia como un actor adicional a lo que actualmente existe como aparato fiscalizador del Estado. La superintendencia coordina y va a seguir coordinándose con el resto de los servicios públicos en la tarea de la fiscalización, con el servicio de Salud, con Sernageomin, Conaf, el SAG, con todos ellos y sus fiscalizadores estamos coordinando, ya que tenemos que crear un programa anual de fiscalizaciones, por instrumento, por región, en donde hay que establecer qué servicio hace que, a efectos de qué.

Hay toda una lógica respecto de qué, cómo y cuando fiscalizar, que está arraigado en la superintendencia pero que se operativiza con una serie de otras instituciones.

Porque hay que entender que no sólo fiscalizamos proyectos, la ley también nos dio atribuciones respecto de los planes de descontaminación, y lo interesante de estos planes es que hay obligaciones tanto para el sector público como para el privado, y ambas son de nuestro interés para ser fiscalizadas.

En el tema de las sanciones, ¿Cuál es el cambio?

-Las sanciones crecen en forman significativa. Una de las grandes criticas al sistema anterior era que para muchas empresas o titulares de proyectos era más fácil incumplir y más barato, ya que era mejor pagar la sanción derechamente. Ahora es distinto, ya que nosotros podemos hasta revocar un permiso, clausurar temporalmente o definitivamente, y aplicar una batería de multas que pueden alcanzar hasta los 10 millones de dólares por infracción.

La ley nos pide calificar el tipo de infracción, hablando de infracciones gravísimas, graves y leves, y qué cosas considerar para calificarlas, como si existe daño ambiental no reparable, o afecta a la salud de la población, o, impedir deliberadamente la fiscalización. Las empresas tienen que abrir sus puertas cuando vayamos a fiscalizar, el oponerse al ingreso es una circunstancia que es sumamente grave.

INSTITUCIONES

Al hablar que estarán coordinados con instituciones que han estado encargadas de fiscalizar en materia ambiental, ¿cómo se les va a preparar, considerando que durante ellos han fiscalizado de manera deficiente?

-La superintendencia tiene un rol rector, tiene una potestad normativa en lo técnico, en cuanto a la elaboración de protocolos.

Una de las criticas al modelo anterior es que en cada región se fiscalizaba como cada servicio estimaba conveniente. En este sentido un paso importante es la reciente publicación en el Diario Oficial del primer instructivo de fiscalización ambiental en terreno, donde se explica cuál es el procedimiento de fiscalización por etapas, una serie de pasos metodológicos que antes no estaban, que van a ser exigibles cuando visitemos los proyectos.

¿Cómo van a abarcar toda la demanda existente en materia de fiscalización?

-Es importante poner énfasis en el programa anual de fiscalización, donde tenemos un cronograma de proyectos que vamos a ir a fiscalizar.

En algún momento tenemos que priorizar, porque tenemos tantos instrumentos que fiscalizar. Tenemos 13 mil 500 resoluciones de calificación ambiental a junio de este año, entonces parece razonable ver en qué nos vamos a priorizar cuando vayamos a ver un proyecto minero, una termoeléctrica, dónde va a estar el foco, y eso hay que definirlo antes. Obviamente cuando visitamos el proyecto eso puede cambiar, por lo que descubramos en terreno.

Como criterios, hemos dicho que siempre nos va a interesar todo lo asociado a la calidad del aire y el agua. Entonces cuando visitemos un proyecto minero nos fijaremos en como están cumpliendo sus compromisos asociados al control de emisiones, a las descargas, a la succión de aguas, en una zona nortina como es Antofagasta, donde el tema del agua es critico.

Obviamente nos fijaremos en un proyecto que esté afectando a un grupo humano antes que uno que no tenga relación con grupos de personas. Otro aspecto es el tenitorio medioambiental. Chile tiene parques nacionales, humedales, muchas zonas sensibles en distintas categorías de protección, pareciera razonable que si el estado ha dicho que estos son los lugares que mas me interesa proteger, entonces los proyectos que estén cerca de esas áreas van a ser objeto de nuestra fiscalización.  
 
 Recuadro : 
 
 "(En el sistema anterior) era más fácil incumplir y más barato, ya que era mejor pagar la sanción derechamente".

Fuente: El Mercurio  de Antofagasta
Fecha: 17 de diciembre  

 

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